martes, 24 de junio de 2014
LA REFORMA AGRARIA DE VELASCO
"Campesino el patrón no comerá más de tu pobreza" fue una de las más recordadas frases del presidente Juan Velasco Alvarado (1968-1975) cuando promulgó una de las principales leyes dadas por el gobierno militar en el Perú: la ley N°17716 o ley de Reforma Agraria, un 24 de junio de 1969. Con dicha norma el gobierno militar pasaba a expropiar las tierras de los latifundios y minifundios tanto de la costa como de la sierra. El Estado pasaba a tener el control de dichas tierras y para administrarlas creó empresas asociativas: la CAPS (Cooperativa agrícola de producción social) y la SAIS (Sociedad agraria de interés social) en costa y sierra respectivamente. Así mismo dio indemnizaciones a los latifundistas afectados por la medida e incentivos para invertir en la industria y la banca. Es decir se dio una expropiación de las tierras, un cambio de propietarios. El Estado pretendía así poner fin a un problema que impedía la formación de la nación y mantenía el atraso del Perú: la semifeudalidad, lastre de un pasado colonial que el país tenía. Pero, ¿Lo puso fin realmente? ¿Cómo quedó la situación del campesinado que era explotado y luchaba por recuperar sus tierras?
Recordemos que en la década del 60 se dieron grandes luchas por la tierra del campesinado y habían sido aniquilados los movimientos guerrilleros en el Perú. Así mismo los movimientos socialistas y de liberación estaban en su momento de auge. En la propia América Latina, la revolución cubana abrió una esperanza de emancipación de los pueblos oprimidos por el imperialismo norteamericano. Es en ese contexto en donde se gesta la necesidad de una reforma agraria pero digitada desde el imperialismo y su plan para América Latina: la Alianza para el Progreso (ALPRO), como una forma de modernizar las economías de los países latinoamericanos muchos de ellos atrasados por mantener viejas estructuras feudales en el campo. Así mismo la reforma agraria lo veían para evitar más levantamientos o posibles insurrecciones populares. El golpe militar y la dictadura de Velasco y Morales Bermúdez, fue precisamente para impedir más levantamientos populares y controlar sus organizaciones.
Con esta ley el campesinado pasaba a formar parte de las empresas asociativas, a ser un trabajador más y por tanto responsable de la administración de la empresa bajo dirección del Estado. No es que la tierra era entregada libremente al campesino, sino que el campesino trabajaba la tierra que era del Estado. En aras de impulsar la industrialización -muy pregonada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en aquellos tiempos- la política estatista y corporativa de Velasco buscaba generar mercado de consumo en el campo sin romper con los lazos del dominio imperialista en el Perú ni con los terratenientes, en pocas palabras introducir el capitalismo burocrático en el campo sin liquidar el problema de la semifeudalidad, mantenerla bajo nuevas formas pero conservando su esencia: latifundio y servidumbre. El Estado se convertía en una especie de gran terrateniente. Una situación asfixiante para un campesinado cada vez más explotado. Ello generó innumerables levantamientos masivos de campesinos contra esta politica en los años setenta y dio mayor base para una guerra agraria como estallará en los ochenta.
Así vemos que la llamada "reforma agraria" de 1969 no fue tal, no se entregó la tierra como corresponde al campesino, sólo sirvió a evolucionar la semifeudalidad, y fracasó ahondando la pobreza y agudizando las contradicciones en el campo. Las empresas asociativas colapsaron, no produjeron lo esperado, y ya en los ochenta los gobiernos de turno fueron limitando su contenido, la guerrilla hacía lo propio destruyéndolas, hasta que el gobierno de Fujimori a inicios de los noventa, dio por liquidada esta ley impulsando la compra y venta de tierras a manos de capitales privados. ¿Qué lección nos deja esto?, que una verdadera reforma agraria, reforma democrática, se da cuando es el propio campesino quien lo lleva a cabo, como ocurrió en Rusia y China, confiscando las tierras y repartiéndolas entre los mismos campesinos bajo el principio emblemático de lo que debe ser una verdadera reforma agraria: "tierra para quien la trabaja".
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